OFICINA DE GESTIÓN COMÚN CIRC. I
SANTA ROSA
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“GHN c/ FCB s/ DESALOJO”,  Expte Nºxxxx

Santa Rosa,  10 de noviembre de 2021
AUTOS Y VISTOS: 
	Los presentes autos caratulados: “GHN c/FCB s/ DESALOJO”,  Expte Nº XXXX, en trámite ante la Oficina de Gestión Común, la Jueza N° 4 -sustituta-,  traídos a despacho para el dictado de sentencia de los que
RESULTA:
	Se presenta el Sr. HNG, con el patrocinio letrado a la Dres. XXXXX e interpone demanda de desalojo contra el Sr.CBF , en los términos del art. 653 y sigtes. del CPCC y 2238 del CCC, en relación al inmueble ubicado en calle XXXX, de esta ciudad de Santa Rosa (Actuación 431970). Todo ello se solicita con imposición de costos y costas a exclusivo cargo de la demandada.
	Relatan que, mediante contrato de compraventa celebrado con XXXX, adquirió el inmueble identificado con XXXXXX. La operación de compraventa se instrumentó mediante Escritura Pública N° 482, de fecha 15 de Diciembre de 1998, autorizada por la Escribana Pública XXXXX.
	Expresan que con la Sra. CBF mantuvo un vínculo de noviazgo y decidieron vivir juntos en su domicilio, y que fruto de dicha relación de pareja nacieron las hijas I y F, y que ésta actualmente reside en Córdoba. En el año 2016,  por circunstancias que hacían imposible la vida en común, se retiró del hogar.
	Relatan que en algunas oportunidades entabló diálogo con mi ex pareja, la Sra. F, solicitándole que desocupara el inmueble, que podía ayudar a solventar el alquiler que ella decidiera y, en relación a la hija adolescente que reside allí, ofrecía que permanezca sin alterar su centro de vida ni sus hábitos diarios y costumbres. Sin embargo, todos los intentos resultaron infructíferos. Por lo expuesto, recurre a la vía judicial de desalojo como única alternativa para poder lograr recuperar el inmueble de mi propiedad.
	Aclaran que el Sr. G paga un alquiler de dos ambientes en la calle xxxxx, y afronta mensualmente la cuota por alimentos para sus hijas en común, y la Sra. F, de acuerdo a su profesión y trabajo se encuentra en condiciones alquilar otro inmueble.
         	A los fines de constatar el estado de ocupación, solicitan que se realice el correspondiente mandamiento a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones.
	Fundan en derecho su pretensión (art. 17 CN, 2238 y ss. y conc. CCyC, 654  y conc. del CPCC, y ofrecen prueba (documental que acompañan e informativa subsidiaria).
	Se imprimió al presente el trámite del proceso sumarísimo (arts. 462 del CPCyC) y se ordenó el traslado de ley a la Sra. CBF. (actuación 437257).
	La accionada se presentó  con el patrocinio letrado de los Dres. XXXXX y contestó la demanda -actuación N° 474616-. 
	En esa presentación, contestan la demanda de desalojo  y solicitan su rechazo con costas.
	Manifiestan que el actor falta la verdad de manera exacerbada, que no se trató de una mera relación de noviazgo, sino de una unión convivencial de más de 22 años fruto de la cual nacieron F, de 19 años de edad, e I, de 16 años de edad, y que en ese contexto contribuyeron ambos al crecimiento socio-económico de la familia. 
	Expresan que G desconoce de manera artera el derecho que le asiste a quién contribuyó al desarrollo de la propiedad con aportes dinerarios y hasta contrajo una deuda con hipoteca (la cual identifica en su escrito y de conformidad con informe del Banco Hipotecario que acompaña), la cual abonó rigurosamente  con su sueldo de docente. 
	Sostienen que por aplicación de la lógica y la sana crítica racional es entendible que adquirió derechos a lo largo de 22 años de convivencia, sin perjuicio de la titularidad del inmueble que recae sobre el actor. Señalan que debe observarse los planos de la vivienda original y lo que es hoy el inmueble en cuanto a metros cuadrados y dependencias, lo que tuvo un crecimiento exponencial imputable al actor y a su persona. 
	Con lo expuesto, consideran que se acredita la situación posesoria, y que no existe obligación de restituir que se le impone un simple tenedor; aducen que convivió y compartió el inmueble con el consentimiento del señor G y que además aportó dinero y trabajo personal para el citado bien, por lo que no se trata de un mero tenedor, un simple ocupante, intruso o usurpador, sino que existió una sociedad de hecho, por lo que considera que es improcedente la acción instaurada. 
	Manifiestan que, atento a que I G, de 16 años, habita el inmueble objeto del proceso, en virtud de los derechos tutelados por la Constitución nacional y tratados internacionales, solicita que la demanda sea rechazada al amparo de su derecho a una vivienda familiar. Expresan que es un derecho individual que tiene la niña a retener en el inmueble en el que convive con su madre, señora F, y que fuera la vivienda familiar, lo que, a su entender, se encuentra en un escalón de protección jurídica más elevado, sin importar que su padre sea el titular registral del inmueble 
	Citan jurisprudencia y normativa aplicable. Ofrecen prueba y acompaña documental. 
	Atento a que se encuentran involucrados los intereses de una adolescente, se dio intervención al Ministerio Público (actuación 474616 y 478262)
	En cumplimiento con lo requerido por este organismo, en actuación 487394, la demandada adjunta acta de nacimiento de IG, DNI XXXXX, y de su documento de identidad, del cual surge que su domicilio es XXXXXde esta ciudad. Asimismo, acompañan constancia de Sempre de la cual surge que el actor es afiliado desde el día 15/5/2001  y hasta el 01/4/2019, en su afiliado  indirecto (concubino) de FCB, y  que La afiliada titular aportada mensualmente con el 1% del total de sus haberes con aportes. Desde el 01/4/2019 pasó como afiliado adherente titular. 

	En actuación 531430, la representante del Ministerio Público expresó que, de acuerdo a la contestación de demanda efectuada por la Sra. CBF , el presente expediente tiene por objeto desalojar de la vivienda a la demandada, madre de dos de las hijas del actor y a su hija I  quien vive junto a su madre. El objeto de la presente pretensión a primera vista parece no ser el de  promover el desalojo de la vivienda de marras a una inquilina, ni una intrusa, sino el de resolver cuestiones atinentes a la separación de una pareja como lo es la atribución del hogar conyugal, asimismo está relacionado con el deber habitacional hacia lxs hijxs menores de edad, que pesa sobre los progenitores. Es por ello que se considera que el marco procesal previsto en el artículo 462 del CPCC no es pertinente en el presente caso. En caso de prosperar la acción, el actor deberá acreditar que garantiza a su hija el derecho a una vivienda digna. Y cita jurisprudencia. 
	Trabada la litis, en la audiencia preliminar no fue posible una conciliación entre las partes. En consecuencia, se fijó como hecho objeto de prueba que la demandada tenga el deber de restituir el inmueble objeto del desalojo, se decretó la apertura a prueba hasta el día de la audiencia de vista de causa,  y se proveyeron las ofrecidas por las partes (actuación 554078). 
	En actuación 944526 se dispuso la clausura del período probatorio  y las partes presentaron sus alegatos en actuaciones 1114416 y 1127015. 

CONSIDERANDO:
Pretensión
	El Sr. HNG interpone demanda de desalojo contra el Sr. CBF , DNI.XXXXX en los términos del art. 653 y sigtes. del CPCC y 2238 del CCC, en relación al inmueble ubicado en calle XXXXXX, de esta ciudad de Santa Rosa. En relación a la ocupación del inmueble por parte de su hija en común I, propone que permanezca allí sin alterar su centro de vida ni sus hábitos diarios. La  Sra. CBF contesta la demanda y niega el deber de restituir; solicita se rechace la demanda. 
 
Encuadre normativo
	Preliminarmente, cabe señalar que el objeto de un proceso de desalojo es obtener la restitución del inmueble por parte del propietario o poseedor en virtud de un vínculo jurídico con aquél o aquéllos que se encuentran ocupando el bien en carácter de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos o cualquier ocupante cuyo deber de restituir sea exigible. Conforme lo dicho, es requisito necesario que quien se encuentre ocupando reconozca en otro -propietario, poseedor- la posesión de ese bien. 
	Así, el  art.654 del CPCC establece que la acción de desalojo procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible. 
	La jurisprudencia tiene dicho que: "El proceso de desalojo es un proceso especial por razones jurídico-materiales que tiene por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a la posesión.[Cám.Apel.Civ. y Com., Sala I, 11/5/95, LLBA, 1995-744]" ("Juicio de desalojo", Beatriz A. Areán, Ed. Hammurabi, sum.19, pág.65). 
	Además, esta clase de proceso encuentra su limitación en que "La naturaleza personal de la acción de desalojo determina la exclusión de su ámbito de todas aquellas cuestiones directa o indirectamente vinculadas al desahucio que exceden el conflicto meramente referido a la tenencia de la cosa. [CS Tucumán, Sala Civ. y Penal, 3/10/96, LLNOA]" ("Juicio de desalojo", Beatriz A. Areán, Ed. Hammurabi, sum.13, pág.64). 
 
El caso de autos
 	Sentado el análisis del encuadre normativo, cabe referir en primer término que la parte actora  interpone demanda de desalojo contra CBF en los términos del art. 653 y sigtes. del CPCC y 2238 del CCC, en relación al inmueble ubicado en calleXXXXXXXX, de esta ciudad de Santa Rosa (Actuación 431970), quien fuera su pareja y madre de sus dos hijas. Asimismo, no se encuentra controvertido que, además de la Sra.CBF, también ocupa la vivienda la hija menor de ambos, IG, nacida el 17 de julio de 2003. 
	Se advierte que este proceso tiene la particularidad que el desalojo que pretende G a fin de recuperar el inmueble de su propiedad, se promueve contra los ocupantes, que son su ex-pareja CB y su hija I. 
	Tal como surge de autos, y no se encuentra desconocido, ambas partes mantuvieron un vínculo afectivo, de pareja y tuvieron dos hijas. En ese contexto, convivieron como familia en el inmueble objeto de estas actuaciones. La Sra. F aduce -y esto no fue controvertido- que contribuyó al desarrollo de la propiedad con aportes dinerarios y hasta contrajo una deuda con hipoteca (la cual identifica en su escrito y de conformidad con informe del Banco Hipotecario que acompaña), la cual abonó rigurosamente  con su sueldo de docente. Señala que, sin perjuicio de la titularidad del inmueble que recae sobre el actor, debe observarse los planos de la vivienda original y lo que es hoy el inmueble en cuanto a metros cuadrados y dependencias, lo que tuvo un crecimiento exponencial imputable al actor y a su persona. 
	Asimismo, expresan que convivió y compartió el inmueble con el consentimiento del señor G y que además aportó dinero y trabajo personal para el citado bien, por lo que no se trata de un mero tenedor, un simple ocupante, intruso o usurpador, sino que existió una sociedad de hecho, por lo que considera que es improcedente la acción instaurada. 
	Ahora bien, en autos surge evidente que se encuentran en colisión dos derechos protegidos por la Constitución Nacional y, en consecuencia, por la Constitución Provincial y por los tratados que conforman el plexo normativo de los derechos humanos previsto en el art.75 inc.22 CN. Por un lado, el derecho de propiedad (art.17 CN) y por el otro el derecho a vivienda (art. 14 bis CN, arts. 11 Pacto PIDESC). 
	Asimismo, se advierte que el inmueble objeto de autos se constituyó en la vivienda de la Sra. F quien vive con su hija I, quien hasta hace muy poco tiempo era una persona menor de edad. 
	Al respecto, “... cabe recordar que el derecho a la vivienda atraviesa un sinnúmero de situaciones muy diversas que alimentan la definición sobre su alcance (conf. Ricciardi, M. Victoria: “El derecho a la vivienda digna y adecuada. Una aproximación”, en Gargarella, Roberto y Guidi, Sebastián (Coordinadores): “Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina”, Ed. LA LEY, 2016, T. II, ps. 145/146). 
	Los organismos especializados del sistema internacional de los derechos humanos han brindado pautas complementarias para definir el alcance del derecho a la vivienda y que, a la vez, resultan útiles para conocer los aspectos que generan mayor preocupación en el ámbito internacional y son objeto de recomendaciones por parte del sistema universal. En tal sentido, el relator de la vivienda fue quien precisó la definición del derecho a la vivienda, que en la normativa internacional se encuentra reconocido como parte integrante del derecho a un nivel adecuado. El derecho a la vivienda se define como: “El derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad”. La definición adoptada sigue los lineamientos definidos por el Comité DESC, que le dedicó al derecho a la vivienda dos observaciones generales: la 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada, y la 7 (1997) sobre los desalojos forzados, que, a partir de la fuerza normativa del derecho internacional, constituyen dos de los documentos más relevantes en materia de derecho a la vivienda . En la observación general 4, el Comité enumera y define los aspectos esenciales que en cualquier contexto deben verificarse para poder considerar que una persona, familia o grupo de personas gozan del derecho a una vivienda adecuada. En otras palabras, para que una vivienda sea adecuada, destacando así el concepto de adecuación del lugar de residencia de las personas, debe reunir como mínimo los siguientes criterios: el primero y tal vez el más relevante es: a) la seguridad jurídica de la tenencia; los otros son: b) disponibilidad de materiales, servicios, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad;) lugar, y g) adecuación cultural (conf. Ricciardi, op. cit., ps. 154/156)” (CÁMARA DE APELACIONES DE TRELEW, SALA B, O., V. A. c. S., D. R. s/ cuidado personal - régimen de comunicación - alimentos y atribución del hogar • 07/12/2018). 
	Entiendo que, a fin de resolver el presente conflicto, debe tenerse en cuenta lo reseñado respecto de los derechos humanos en conflicto y valorar también, entre otras, la situación de vulnerabilidad del grupo familiar de la demandada, que empezó a residir por voluntad del grupo familiar y con consentimiento del Sr. G -lo que no se encuentra controvertido en autos-, y la dificultad de encontrar vivienda adecuada para ella y sus hijas. En la práctica, todo este tiempo la Sra. F es quien convivió la mayor parte del tiempo con el Sr. G -hasta que éste se retiró del hogar- y luego con sus hijas, ocupándose de su cuidado personal. 
	Por último, no puedo dejar de señalar que la jurisprudencia de Juzgados de esta circunscripción ha resuelto en términos similares, en clave de derechos humanos, en el entendimiento de que no es la acción de desalojo la vía para la solución de cuestiones como las planteadas en estos autos (Autos: "C. J. A. c/V. J. L. S. S/ Desalojo", Expte. Nº 132652, Sentencia de Juzgado Civil N° 2)
 
Aplicación de la perspectiva de género
	La demandada Sra. F, en su condición de integrante de la sociedad de hecho que conformaron las partes -originada con la convivencia y la familia que crearon- y la de mujer, se la debe de mantener en un plano de igualdad con quien fuera su cónyuge. Es así, que no es posible en casos como el que hoy me convoca dejar de tener una visión del conflicto desde la perspectiva de género, que debe de actuar como principio general aplicable a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales (arts. 1, 2, 3, 5, 16 de la CEDAW; arts. 4 e), f) y g) y art. 5 de la Convención Belém do Pará; art. 2 inc. a) y j), art. 5.4 y  y 6, a) de la ley 26.485).
	Conforme a las constancias de la causa, es evidente que la Sra. F no reúne ninguna de las calidades previstas por el art. 654: no es locataria, sublocataria, tenedora precaria, ni intrusa o cualquiera otra cuyo deber de restituir sea exigible; y que su ocupación deriva del derecho a la vivienda que adquirió al momento de formar su familia conjuntamente con el actor y sus hijas; sin perjuicio de que no surge de autos la fecha en que se produjo la separación, es manifiesto que la Sra. F ostenta, en condiciones de igualdad, derecho a la división de la sociedad de hecho que conformaron y/o a que se disponga el régimen de atribución de la vivienda conforme a postulados legales vigentes, lo que no se satisface con la acción de desalojo instaurada; esta frase entre otras las considero anticipatorias de la protección que en nuestros tiempo se debe de dar a la mujer desde todos los ángulos de la vida, que por supuesto incluye el patrimonial y el habitacional.
	El perjuicio económico-patrimonial de una mujer, desconociendo su derecho a la vivienda y a la división de la sociedad de hecho que conformaron y privándola de disponer de lo que le corresponde no hay duda que configura una conducta reprochable por parte de su autor, que es deber de los órganos jurisdiccionales evitar, pues no sólo configura un desequilibrio económico sino que viola la vida independiente que merece toda persona humana.
	En este contexto, considero que una acción de desalojo como la instaurada traduce un prejuicio discriminatorio por razones de género, inatendibles en el estado constitucional de derecho que garantiza la capacidad jurídica de las mujeres y sus derechos patrimoniales en condiciones de igualdad con los del hombre” (art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 15 CEDAW; Observación General 28 del Comité de Derechos Humanos, art. 3; Párrafo 1 del art. 15 de la Recomendación 21 de la CEDAW).
	Los patrones expuestos replican valores, que transmiten y reproducen la dominación y desigualdad que se caracterizan en el ejercicio de violencia económica y también simbólica contra la Sra. F, pues intentan naturalizar su subordinación social por su calidad de mujer (art. 5º inc. 5ª Ley 26.485).
	En cuanto a los jueces/zas no podemos juzgar los casos, cuando alguna de sus partes sea una mujer, sin tener en consideración los principios que iluminan la perspectiva de género en su justa medida y el acceso a justicia en pos de una decisión razonable y justa (Reglas de Brasilia).
 
La decisión
	En función de lo expuesto, concluyo que la Sra. F no reúne ninguna de las calidades previstas por el art. 654 (locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquiera otra cuyo deber de restituir sea exigible) y, contrariamente, se encuentra comprometido su derecho a la vivienda adecuada, derecho fundamental protegido por el derecho constitucional de una vivienda digna (art.14 bis de la CN y 11 del PIDESC). 
	Atento lo acreditado en autos, lo expuesto precedentemente, efectuada la ponderación de los derechos constitucionales en juego -propiedad, derecho a vivienda digna y adecuada- y contemplados en los cuerpos normativos convencionales, y en consideración a que no se dan los recaudos de procedencia de la acción de desalojo (art. 654 CPCyC) me expido por el rechazo del pedido de desalojo efectuado por HNG contra CBF , debiendo las partes solucionar todas las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda y división de la sociedad de hecho que mantuvieran acudiendo a tal fin al fuero respectivo y entablar las acciones que consideren pertinentes. 
	En atención a las razones de orden legal, doctrinario y de hecho expuestas, corresponde rechazar la demanda de desalojo e imponer las costas a la actora  vencida (art. 62, primer párrafo, del CPCC).
	Se difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto cumplan con lo normado por el art. 36, punto 2, segundo párrafo de la Ley de Aranceles N° 3371 (art. 85)
	Por ello; 

RESUELVO:
I) Rechazar la demanda de desalojo promovida por el señor  HNG, DNI XXXXX contra la Sra.CBF .
II) Imponer las costas a la actora vencida (art. 62, primer párrafo, del CPCC) y diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto cumplan con lo normado por el art. 36, punto 2, segundo párrafo de la Ley de Aranceles N° 3371 (art. 85)
III) REGISTRESE y NOTIFÍQUESE.

					Ana Lis Palacio
					Jueza Sustituta